Privaticemos el Poder Judicial

¿Qué tal si Privatizamos el Poder Judicial?
Manuel C. Martínez M.
06 may. 09
Sólo es un secreto a voces la pésima e irreparable calidad del Poder Judicial venezolano, cuyos servicios dejan mucho qué desear en los distintos campos: penal, civil, mercantil y “bancofinanciero”. Dilaciones, y petulancia burocrática, inoperancia oportuna, defraudaciones sentenciales, despilfarros procedimentales, anacronías jurídicas, obsolescencia organizacional, etc., todo eso configura un cuadro improductivo para unos servicios tan valiosos e imprescindibles en cualquier sociedad civilizada, pero que cobran mayor relevancia en la sociedad capitalista cuya estructura familiar es privada y querellante por excelencia.
Esa deficiente e ineficaz calidad judicial, notoria por demás, ha servido para que con sobrada razón algunos venezolanos hayan buscado causas y causitas, y sugerido fórmulas y formulitas en búsqueda del saneamiento y mejora en los servicios del caso que nos ocupa.
Jueces, fiscales, legos escabinos, jurisconsultos, docentes, abogados, todos ellos representan una heterogénea masa de trabajadores en pugna por imponer, personal y privadamente, cada uno sus propios alegatos e inferencias, razón esta por lo que no han aplicado la cooperación interlaboral como método para agilizar los procesos judiciales ni resolverle querellas ni casaciones a los afectados de cada día.
La legislación venezolana se ha ido saturando de leyes y leyecitas, de una legislación hípercasuística donde la mayoría de sus leyes terminan durmiendo el sueño de los justos por su inaplicabilidad, su empolvamiemto o ignorancia dentro de los propios tribunales, y donde las necesidades del burócrata judicial en nada difiere del mercachifle cuyos inciertos ingresos lo mantiene diariamente en constante y estresante expectación.
Sábese que por naturaleza propia los servicios jurídicos nacionales del llamado Estado de Derecho siempre han sido públicos o al servicio, ni tan indistintamente, de tirios y troyanos, de negros y blancos, de honrados y deshonestos, de alfabetos y analfabetos, de pobres y ricos, de patronos y asalariados, de prestamistas y prestatarios, de comerciantes y consumidores, de mayores y menores, de mujeres y hombres, de heter y homosexuales, de grandes damas y grandes prostitutas, y de delincuentes y probos.
Esta indiferencia teórica y constitucional ya deja mucho qué desear en un país donde el lucro particular y los problemas familiares de esos negros, de esos blancos, de esos banqueros, de esos prestatarios, de esos asalariados, de esos capitalistas, de esos consumidores, de esos comerciantes, y de esos analfabetos y alfabetos, guía la mente y los pasos de una ciudadanía nacida, alimentada y educada en un atomizado mundo individualista y robustecidamente burgués por todas sus aristas y dimensiones.
Los hombres preocupados por la mala marcha del Poder Judicial han hablado de obsoletos métodos procedimentales, de carencia de espacio físico, de mala remuneración de la burocracia judicial, de malos hábitos del venezolano y de otra larga lista de posibles y hasta concomitantes causas de semejante anacronismo, desorganización y baja productividad del poder institucional que más peso cultural ejerce en cualquier sociedad del mundo de ayer y de hoy, inclusive más allá de los aportes culturales derivados del multisistema educativo nacional, estadal y municipal.
Pensamos que este Poder Judicial bien podría ser objeto de privatización de tal manera que su gerencia y directivos judiciales vean en cada caso ventilado en sus oficinas una fuente de lucro y correspondientemente vean también y en paralelo, una causa de quiebra capitalista en caso de que no sepan prestar buenos y oportunos servicios, ni garantizarle la razón legal a un demandante, ni sugerir el justo castigo a quien negro, blanco, rico, pobre, empresario o asalariado, haya cometido algún ilícito, delito, o violación o incumplimiento de obligaciones varias.
Esta privatización del Poder Judicial no tiene nada de extraño ni inédito, habida cuenta de que actualmente la mayoría de los defensores y demandantes de la querella nacional es ejercida privadamente por abogados debidamente acreditados en su libre y arbitrario ejercicio profesional.
El libre ejercicio de la abogacía es en sí mismo un anticipo y buen ejemplo de privatización judicial. Entonces, ¿por qué no se privatiza también y definitivamente la fiscalización de los deberes y obligaciones de los burócratas de los poderes legislativo y ejecutivo? La legislación venezolana, actualmente y a la inversa, hace del poder Ejecutivo y del Poder legislativo un doble suprapoder que constitucionalmente subyuga y regula el ejercicio burocrático del poder Público Judicial. Los magistrados son preseleccionados por esos poderes, y el Presidente está facultado para casar a voluntad suya cualquier decisión que cualquier tribunal haya tomado con justificada razón.
¿Por qué no se privatiza la atención y defensa del agraviado, del secuestrado, de las víctimas del hampa común y burocrática?, cosas así.
Así como muchos servicios privados han sido nacionalizados, también algunos servicios que tradicional y contractualmente han sido nacionalizados pudieran ser perfectamente privatizados, ya que mal puede seguir el Poder Judicial en unas manos burocráticas y de difusa responsabilidad de quienes por lo general y tendenciosamente terminan convirtiendo la Justicia en coto privado.

Los LÍMITES del SALARIO

(Por un Último Primero de Mayo))
Manuel C. Martínez M.
30 abr. 09

Con el apoyo de economistas burgueses, el de los políticos inescrupulosos y el de los piratas de la diaria mediática. se refuerza y enfatiza cada vez más la perniciosa confusión que pesa sobre esta importante y brillante categoría económica.
Los Pros. de Mayo, el Salario estará en las bocas de centenares miles de millones de trabajadores entonando un monótono y angustioso coro que lleva ya más 150 años sin silenciarse ni lograrle salida a la mala vida del trabajador burgués. Se hablará de su aumento y con ello de la continuidad del sistema que lo sostiene.
La Literatura económica y las hemerotecas del mundo moderno se han nutrido con los aportes de los panegiristas y apologistas del sistema capitalista en su terca lucha para enfrentar la inconmovible verdad de que el salario es el camino más expedito emprendido por la Industria lucrativa moderna para justificar la vida holgada de los ricos en la vecindad de la miseria de las grandes masas de trabajadores y ex trabajadores. Este sangriento y escabroso camino ha sido construido desgraciadamente por las serviles manos y voces de un sindicalismo genuflexo y aburguesado.
Los políticos de oficio, los populistas y demagogos de la burocracia mundial, han vendido la falsa idea de que el sindicalismo puede andar por un lado, y la Política por otro, como si la defensa del trabajador asalariado fuera un asunto privado, y como si tampoco los políticos no fueran trabajadores del mismo sistema económico sobre el cual se encarama el Estado. De allí que los trabajadores y sus sindicalistas sigan defendiendo el salario y con ello al patrono, a cambio de la defensa de su propia vida.
Ambos, sindicalistas y gobernantes, niegan o ignoran que ningún salario garantizará jamás una vida mejor para los trabajadores en conjunto, aunque sí puede sobrerremunerar a una elite de asalariados a quienes encumbra y proyecta como futuros empresarios y coaccionistas de las mismas empresas donde hayan sido privilegiadamente gratificados.
De resultas, los sindicatos no han podido ir más allá de un alargamiento de la vida del capitalismo, de una reducción de la jornada a un ritmo de crecimiento muy inferior al del crecimiento vegetativo de la población fabril activa, ni han podido frenar en un ápice la voracidad del enriquecimiento patronal, como tampoco la pobreza y pauperización crecientes del proletariado.
Pero en medio de esa oscuridad sindical, estatal y literaria, hay un foco de luz que no podrá apagarse mientras subsista la relación obrero-patronal. Estamos hablando de los Límites del Salario. De su límite inferior, del que se vienen encargando los propios gobernantes como miembros principales de la clase trabajadora que son, con toda su carga de servilidad que suelen mostrar ante el inmenso poder y el supragobierno de la alta burguesía internacional, usualmente conocida como El Imperio, y servilidad exhibida ante los gobernantes de los principales países burgueses.
El Salario Mínimo pasó a ser un mandato burgués de los industriales, y una atribución ordinaria de los gobernantes. Su monto tiende a cubrir por defecto el consumo “basal” de la población que lo perciba. Se fija para los trabajadores de menor índice de formación técnica, a pesar de que estadísticamente estos suelen ser un número relativamente muy pequeño en cada empresa capitalista.
También, este SM sirve para que el gobernante de turno mantenga su inventario de seguidores y se apoltrone en el poder. El SM principalmente sirve para que los empresarios minimicen su inversión en capital salarial ya que sus tabuladores terminarán justados a ese mínimo monto, con todo lo cual las discusiones obrero-patronales van diluyéndose y consecuencialmente perdiendo relevancia. Los SM de hecho van reemplazando la labor sindical, reforzando el paternalismo gubernamental y trastrocando la conciencia social del asalariado quien se ve a sí mismo más como un súbdito de su gobernante que como un trabajador oprimido de su patrono.
Con esto, coherente y consecuentemente, el salario deja de ser un asunto privado, de la libre empresa, ya que en el ejercicio del gobierno se asume labores sindicales a través de un paternalismo creciente reemplazante.
Por su parte, el Límite Superior del Salario (LSS), si bien y aparentemente hasta ahora ha venido creciendo en correspondencia con las necesidades del trabajador, es una variable que cada vez tiende a la baja en su ritmo de crecimiento. Entre otras causas de este estancamiento está el hecho de que las necesidades de la clase media (CM) se amplían sin cesar con el consumismo inducido por la misma industria y mercado burgueses.
Podemos vislumbrar que más pronto que tarde veremos un salario cuyo LS ya no podrá acrecentarse sin poner en riesgo la gananciosidad y lucratividad del empresario. Por ejemplo, en Latinoamérica se percibe una mancomunidad integracionista de países declarados “socialistas” que están deteriorando las condiciones económicas de la Clase Media (CM). Su salario y condiciones laborables, su costo capitalista, digamos, ya no resulta rentable so pena de un inaguantable y mortal descenso en la tasa de ganancia.
El crecimiento sostenido del límite inferior del salario, al lado del acotamiento y la esterilidad del LSS, sumados a economías en el Control de Calidad de las mercancías de tercera lanzadas a unos mercados que cada día se monopolizan más, representan la alternativa al límite final del salario capitalista. Digamos que por un lado se acrecienta el límite inferior del salario con cargo al inevitable achicamiento de su límite superior.
Ante esa pequeña luz, sugerimos y pensamos que ya tampoco debe seguirse incrementando el salario sino más bien considerarlo como simples anticipos de la ganancia anual. Y así, vendido el producto nacional, y determinado el valor y precio del Valor Agregado por los trabajadores, estos, conjuntamente con sus patronos, cuantificarían a prorrata el monto de las ganancias que les correspondería a las partes involucradas. Sólo así, por lo menos y mientras tanto, los incrementos salariales dejarían de disolverse como la sal en el agua, se frenaría el empuje inflacionario, el dinero dejaría de devaluarse, y por fin nos acercaríamos a un verdadero final del sistema capitalista, liberados como estaríamos del freno actual que representa la contraproducente política de los ajustes salariales de cada Primero de Mayo.

La RENTA SINDICAL

De hecho y legalmente, renta alude a ingresos provenientes del lucro indebidamente percibido por los prósperos industriales y comerciantes en su condición de explotadores capitalistas. Renta percibida también por el Estado en forma de tributos, como el IVA, IS/R, etc., y las regalías varias cargadas al extractor y vendedor de las mercancías obtenidas a partir de recursos difusamente pertenecientes a los ciudadanos en general, como petróleo, minas, aguas, otros bienes marinos y fluviales, etc. Estos últimos, in sólidum, integran un gran filón para la Hacienda “Pública” de países dotados naturalmente de semejantes recursos trastrocables en lucrosas fuentes.
Es así cómo se viene hablando frecuentemente de renta del suelo o agraria, de Renta Racional, la r. de licores, la r. de cigarrillos, la renta financiera, etc., pero también la Literatura burguesa, ideológicamente interesada en torcer la verdad científica, denomina renta el ingreso de los asalariados por concepto de remuneración laboral, en un absurdo plano de igualdad con el que se pretende calificar como trabajo la simple condición de propietario de capital en cualesquiera de sus formas: capital productivo, tierra, dinero, patentes, etc.
Sin embargo, una de las rentas paradójicamente más antiobreriles y más inadvertidas en la sociedad burguesa es la RENTA SINDICAL. Se le conoce como “cotizaciones sindicales”. Esta “renta sindical”, que es constitucionalmente impuesta por “no trabajadores” a quienes sí lo son, ha corrido olímpicamente desde el momento mismo cuando los patronos cayeron en la cuenta de que les resultaba más rentístico, y en consecuencia más lucrativo, negociar con esos rentistas, ingresados nominalmente a sus plantillas como trabajadores, que hacerlo con cada uno de los verdaderos trabajadores de quienes precisamente patronos y sindicalistas derivan sus rentas.
Tales rentistas sindicales tienen el tupé de reasociarse en sindicatos de sindicatos, o sea, de rentistas de rentistas, hasta asociarse en grandes rentistas nacionales en las llamadas Federaciones de Sindicatos y Confederaciones de de rentistas sindicales de menor giro rental. Todo eso, en rigurosa armonía con el pequeño capitalista, el mediano capitalista y el gran capitalista, y aún más, esos rentistas sindicales terminan asociándose en auténticas transnacionales sindicales de rentistas de máximo radio universal.
La RS ha pasado a ser la expresión más aberrante, más antiobreril, más reaccionaria y covioladora de los derechos humanos del trabajador. Esto lo afirmamos sin ambages por cuanto sus perceptores, si bien en un principio jugaron un plausible rol como defensores y forjadores de innegables reivindicaciones alcanzadas frente a patrono abusador de toda uña, terminaron siendo atrapados por la férrea mano opresora de todo aquel que gire dentro del radio de su inacotable influencia burguesa.
Hoy por hoy, los beneficiarios de la RS fungen de intermediarios entre patronos y obreros, entre el trabajador público y los Gobernantes de turno. Fungen de negociadores de la remuneración salarial, como orientadores políticos canalizadores de la conducta política de sus seguidores a favor o en contra de determinados gobernantes.
De resultas, nos hallamos dentro de un marco jurídico y constitucional donde algunos líderes políticos hacen de “burócratas” de la empresa privada, y como simples particulares se cuelan como trabajadores en aquellas empresas donde puedan vivir de la Renta Sindical exprimida a los auténticos trabajadores.
Semejante rol de rentistas lo hacen de consuno y en colusión con/y dentro del cuadro de rentistas convencionales que representa la explotación del trabajo en todo tipo de sociedad donde el modo de vida burgués así lo determina.
Es que los pioneros y verdaderos sindicalistas fueron y serían aquellos “trabajadores” dispuestos a trabajar como cualquiera de sus seguidores. Ellos operarían sindicalmente fuera de fábrica para coordinar y aglutinar la defensa colectiva de ellos en sus enfrentamientos contractuales obreros-patronales.
Dejamos al margen nuestra convicción de que, revolucionariamente, no se trataría de sindicalistas dispuestos a defender a los asalariados, sino más bien a eliminar semejante y oprobiosa forma laboral.
Manuel C. Martínez M.
24 abr. 09

Cambiemos las Efemérides

Cambiemos las Efemérides

Manuel C. Martínez M.

21 abr. 09

Veamos una minimuestra de las “efemérides que conocemos y nos han vendido desde el vientre mismo de nuestras madres:

Efemérides del Mes de Abril

[Vuelvan Caras (Queseras del medio)] [Venezuela vuelve a perder territorio con Colombia]
[Muere Rómulo Gallegos] [La casa Fuerte de Barcelona] [Batalla de Bomboná]
[Intento fallido contra Gómez (Sublevación del 28)] [Fundación de la Colonia Tovar]
[La Convención de Ocaña] [La Ley de Usura] [Muere Lisandro Alvarado]
[Batalla de San Félix] [Muere Joaquín Crespo] [Intentan asesinar al Libertador]
[El Motín de Chuquisaca] [Movimiento de Juan Francisco León] [El 19 de Abril de 1810]
[El complejo cultural Teresa Carreño] [Día del Idioma y del Libro] [Raúl Leoni]
[Muere Teresa de la Parra] [La acción de Juana de Avila] [El Convenio de Coche]
[Edgar Sanabria] [Batalla de las Mujeres] [Marcos Pérez Jiménez] [El León de Payara]
[Natalicio de Piar] [Antonio Nicolás Briceño] [Muere Juan Crisóstomo Falcón]
[La Cosiata] [Cumbre del Grupo de los Tres (G-3)] [Día del Panamericano]
[Huelga a favor de PDVSA (9 de Abril 2002)]
[Insurrección Cívico-Militar 11 abril 2002 (11-A)]
[Biografía y Beatificación Madre Candelaria de San José, sierva de los enfermos. (27/04/2008)]

Efemérides del Mes de Junio

[Primeras Elecciones Municipales: El 3 de diciembre de 1989 se realizan en Venezuela las primeras elecciones regionales para elegir en forma nominal y directa los gobernadores, alcaldes y concejales, los cuales ejercerían sus funciones por un período de tres años, a excepción del gobernador del Distrito Federal que lo elegía directamente el Presidente de la República, hoy día con la nueva constitución de 1999, el pueblo del Distrito Capital (anteriormente Distrito Federal) elige su Gobernador].

[Asesinato del Mariscal Sucre] [Antonio Ricaurte]
[José Antonio Páez] [Proclama de Guerra a Muerte] [El Congreso de Panamá]
[Batalla de Carabobo] [Decreto de Instrucción Pública] [Muere José Gregorio Hernández]
[Julián Castro] [Día del Ejército] [Arturo Michelena] [Rufino Blanco Fombona]
[Cristobal Mendoza] [Rafaél Bolívar Coronado] [Pedro Camejo] [Cículos Bolivarianos]
[Fusilamiento del Coronel Francisco M. Faría] [Día Mundial del Ambiente]
[José Gil Fortoul] [Nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones]
[Petrocaribe]

Material de Soporte de la Página: Enciclopedia Salvat, Quillet, Encarta 98, Vinicio Romero, Prof. Durán, José Tomas Rojas Grafre Humberto Peñaloza, Alfonzo Rumazo, Revista Bolivariana Nº 2, Encarta 98, Guillermo Morón, Rosablanca Matteo, Manuel Pérez Vila, Jacinto Pérez Arcay, Oswaldo Moya, Lucas Morán Arce, Alberto Arias Amaro y Pablo Emilio García, Diccionario biográfico de Venezuela, Domingo Miliani, Siso Martínez, Raúl Peña Hurtado, Luis Rafael Yepez, J. L. Salcedo Bastardo, Augusto Mijares.

Wikipedia, trae estas definiciones para efemérides:

<

También se denomina así a la conmemoración del aniversario de tales eventos. >>

Como puede observarse en esos recorridos históricos, allí, predominan sucesos muy bien prefabricados, interesadamente lanzados a las nuevas generaciones, en un eficaz intento por conservar los intereses clasistas se toda esta vida de “prehistoria” clasista.

Las efemérides mundialistas, hacen otro tanto. Están llenas de casos como: el día de Rómulo y Remo, el de Julio César, emperador y asesinado por amigos y familiares adversos a su política. Se recoge en esas efemérides universales el día del nacimiento de del pionero de la Presidencia Burguesa en EE UU, Jorge Washington, tan vendido como libertador e independentista como lo han hecho con el venezolano Simón Bolívar

La mayoría de esas efemérides están saturadas de loas y referimientos a hechos connotadamente bonitos y transcendentes en favor de todos, como si las clases pudieran sumarse entre sí en las sociedades clasistas. Digamos que son efemérides sesgadas las más de las veces.

Ahora bien, en aras de sincerar y cambiar este estilo de referencia, en favor de una mayor transparencia historiográfica, proponemos que en ellas, además de las ya conocidas y estereotipadamente trilladas, se incorporen nuevas y más generales efemérides, por ejemplo, de los días cuando mataron al guerrillero X, o al rebelde Y, o al librepensador Z. Deberían referirse al día cuando fue desaparecido Fulano, el de la muerte de Mengano, el día de la tortura de Zutano, y con el señalamiento expreso de sus torturadores o asesinos, según el caso. El día de la Carmonada venezolana, el día cuando fue sancionado el político A, cuando fueron sentenciados los policías asesinos X, Y y Z, por ejemplo, con el señalamiento de los jueces y fiscales involucrados, etc., etc.

NUEVO CONTRATO SOCIAL

NUEVO CONTRATO SOCIAL

Manuel C. Martínez M.
20 abr. 09

Pocos gobiernos de algunos países del mundo moderno han cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales derivadas de la connotada relación rusoniana: Estado-Ciudadanía.
Esa hipotética y sugerida relación contractual ya lleva “cumplida e incumplida” casi ¼ de milenio. Ha ocurrido que gobernantes irresponsables, corruptos y hasta impunes asesinos pueblan las plantillas presidenciales de la mayoría de los países contemporáneos. Y lo siguen haciendo, ¡por favor!


Unos, exiliados, otros, muertos sin ser sentenciados, algunos en franco estado de decrepitud enfermiza. Todos impunemente ricos, endeudados con la justicia y con una utilidad prestada muy separada de aquella. Han violado el Contrato Social, lo violan y lo seguirán haciendo mientras no reformulemos sus términos.
Masoquistamente, unos ciudadanos, y otros sádicamente, la ciudadanía siempre está presta a seguir reciclando malos gobernantes en la persona de nuevos demagogos cada vez con un grado de corruptividad mayor que el de sus predecesores.


Ante ese indeleble cuadro de fracasos populares, proponemos que las funciones del Estado dejen de reducirse a la prestación de Servicios Públicos, aparentemente gratis, financiados con unos Ingresos Fiscales convencional y contractualmente provenientes de Impuestos al consumidor, al trabajador directamente, e indirectamente a través de empresarios de todo tipo.


Proponemos que el Estado se dedique a prestar los mismos Servicios Públicos que hasta ahora viene prestando. El Estado fungiría de auténtico productor mercantil de los mismos. Esto significaría que debe gerenciar como productor y como mercader. Produciría y vendería sus diferentes servicios a título de mercancías. Servicios viarios de utilidad pública, sanitarios públicos, educación pública, custodia pública, etc., todas esas mercancías que por su alto volumen y exigencia de capital suele correr a cargo del Estado, serían vendidas a la ciudadanía. El precio satisfecho por ella, en plena correspondencia cuantitativa y cualitativa el bien adquirido sería la fuente principal de los Nuevos Ingresos Fiscales.
De los excedentes “precio de venta-costo” dependerán las necesarias Reservas Públicas con fines de ampliación, sostenimiento y eventualidades o emergencias e imprevistos imponderables.

Queremos decir que los impuestos de ahorita podrían convertirse en precios de los servicios públicos, y estos así convertidos en mercancías hasta ahora costeadas con aquellos.

Los llamados marginados, los desempleados, los ciudadanos de baja productividad, los subcapacitados e insolventes para comprar los servicios públicos los recibirían a crédito, contraerían deudas con el Estado y las honrarían en los términos y oportunidades que el correspondiente ente burocrático determine. El Estado podría cobrarle en “especie” mediante trabajos adecuadamente encomendados, cosas así.
Se los emplearía y acreditaría con cargo a sus remuneraciones, el ciudadano pagaría cuando empiece a trabajar, o pasaría a recibir indemnizaciones de un seguro colectivo al que habría cotizado primas cuando pudiera haberlo hecho como trabajador activo.


Desde luego, los Ingresos Fiscales provenientes de recursos naturales varios son una forma especial de impuestos cargados directamente a los trabajadores que están también directamente involucrados en la extracción, manufactura y mercadeo de dichos recursos. El Estado recibiría esos IF a título de empréstitos de toda la ciudadanía constitucionalmente copropietaria de esos mismos recursos.

Digamos que el Nuevo Contrato Social se pactaría entre ciudadanos dispuestos a comprar aquellas mercancías cuya producción y venta por su naturaleza propia no resultan rentables al capitalista. Este seguiría dedicado a la producción y mercadeo de las demás mercancías. Los Impuestos se habrían metamorfoseado en precios, y los Servicios Públicos en Mercancías.

Más allá de la Plusvalía
(Todos los Estados modernos son coexplotadores)
Manuel C. Martínez M.
15 abr. 09
Por definición marxiana, plusvalía ya alude a un concepto que en sí mismo va más allá del valor de la mercancía comprada por el capitalista del dinero. Según esta concepción, el patrono compra la fuerza de trabajo libremente existente en el mercado, compra trabajo asalariado, y la asimila a una mercancía en un artilugioso plano de igualdad contable con los medios de producción que manipulará el trabajador, ya para entonces convertido en capital productivo de la empresa correspondiente.
Injustificadamente todavía, luego de recuperar en el valor de nuevas mercancías el monto del salario pagado por el uso productivo del trabajador, el explotador sigue obteniendo una cuota adicional de más valor integrado al volumen de la producción de dichas mercancías, listas para su venta a un precio superior al capital inicial que ya permitirá la puja de la ofertademanda. Esta cuantía de valor adicional al capital inicial se halla en función directa de la productividad del trabajador, y de ninguna manera de la calidad de los medios de producción puestos a la disposición manufacturera del trabajador, tal como lo afirman los apologistas del sistema capitalista. Sólo el trabajo humano goza de ser productivo o creador de valor y plusvalor, y de más plusvalor según detallaremos a continuación.
De lo ya expuesto, se desprende que plusvalor significa apropiación “indebida” practicada por un patrono cuando sus trabajadores logran reintegrarle en mercancías su capital inicial, igual al monto de de los medios de producción más el salario, más un nuevo y agregado capital por el que no pagó absolutamente nada. De perogrullo, a menor salario y mayor productividad, mayor plusvalor arrancado al asalariado. Porque ambos, salario y plusvalía, quedan añadidamente incrustados en el valor o precio previo de los medios de producción, así laboriosamente metamorfoseados en nuevas mercancías.
Tal es el concepto ortodoxo de plusvalor. Pero hay un segundo valor, uno que está más allá del plusvalor. Este “plus ultra valor” se refiere a la apropiación legalizada que hacen los gobernantes mediante ilegítimas retenciones diversas que en forma de impuestos aplican con carácter anticipado, compulsivo y hasta sujetos a penas o castigos diversos.
La ilegitimidad de tal “plusultravalor” viene dada porque el Estado “primero cobra sus impuestos y luego se compromete a prestar servicios públicos”, sin que el trabajador tenga poder sancionatorio alguno contra gobernantes corruptos o irresponsables, salvo el de volver a las urnas electorales para elegir a otro gobernante que con alta probabilidad reciclará la ilegítima cobranza de dicho plusultravalor sin garantía alguna de que el trabajador pechado reciba alguna vez satisfactoriamente las debidas contraprestaciones institucionales.
Si el patrono retiene para sí la plusvalía, fábrica adentro, el Estado amputa el salario, fábrica afuera. La plusvalía es propia de la producción y del asalariado como productor de riqueza, mientras el plusultravalor lo es del mercado y del asalariado en funciones de consumidor. De esta manera los Estados fungen de coexplotadores mancomunadamente con el empresariado capitalista.
De todo ciudadano es sabido que estamos en presencia de un albur. Los gobernantes generalmente no cumplen bien con sus funciones populares, además de engatusar al pueblo de mil maneras para que elija precisamente a sus propios cobradores de semejante “plusultravalor “. Y así como va con sus propios pies a las puertas fabriles de sus explotadores, así va a las urnas a elegir a sus coexplotadores.
Ante la ineficiencia e ineficacia burocráticas demostradas en la mayoría de los países sometidos al leonino Contrato Social Rusoniano, proponemos que el Estado primero preste onerosamente los servicios públicos y luego realice su cobranza. Mendicantes, pobres de solemnidad, desempleados y afines recibirían tratamiento especial a manera de socorros y subsidios transitorios y coyunturales.
Digamos que el Estado debe actuar tan comercial, competitiva y eficazmente con los servicios burocráticos como lo viene haciendo la empresa privada. Esta seguiría actuando hasta que el propio Estado, convertido en su principal competidor, dé cuenta de ella.
De suyo, los precios ex post justos de los servicios prestados por el Estado suplirían la cobranza ex ante del “plusultravalor” contenido en los impuestos. A malos y deficientes servicios, menores precios; los corruptos e irresponsables burocráticos serían reemplazados como malos gerentes susceptibles ipso facto de despido inmediato. Las elecciones políticas dejarían de ser de candidatos a gobernar, para convertirse en candidatos a gerenciar. De coexplotadores pasarían a ser simples vendedores. Los Ingresos nacionales convencionales que reciba el Estado por la tenencia de recursos naturales podrían asimilarse a EMPRÉSTITOS PÚBLICOS que el pueblo le hace, y sus gobernantes deberán cancelar oportunamente so pena de sanciones ad hoc. Las promesas políticas de incumplimiento general quedarían enterradas. El mercado gubernamental ocuparía el lugar de la burocracia tradicional.
P.D.: No confundir estas sugerencias con “nacionalización de empresas privadas”, es otra cosa.

La tierra prometida

“La Tierra Prometida”
Manuel C. Martínez M.
08 abr. 09
Demos por legítima la promisión bíblica, según la cual la tribu israelita jacobina tendría garantizada una propiedad privada geográfica sobre este planeta luego de su exesclavitud.
Esos “derechos agrarios y citadinos”, mito o no, se hallan inscritos en el texto del “Antiguo Testamento”. Fueron adquiridos por algunas comunidades del Cercano Oriente y están mundialmente admitidos como verdaderos gracias a la poderosa férula mediaticorreligiosa del Imperio Cristiano. La educación y literatura cristianas son dos de los medios más copiosos y difundidos de generación en generación desde los mismísimos y arcanos tiempos bíblicos.
Tales derechos territoriales pudieran hacernos reflexionar sobre el no menos legítimo derecho a la tierra que perfectamente pueden esgrimir para sí los ciudadanos del mundo sin distingos de raza, color político, estado económico, historia ni grado cultural.
Creemos que si los árabes y judíos hicieran extensivo el derecho de los “trabajadores” a la tierra en general y dejaran de reservarlo a determinadas parcelas geográficas económicamente importantes, ni tampoco en favor de ninguna comunidad en particular, muchos conflictos actuales podrían evitarse. De esta manera ellos mismos, los trabajadores de la tierra y las fábricas, pudieran con mayor razón ser los primeros beneficiarios, repetimos: en cuanto a trabajadores y no como empresarios capitalistas que siguen siéndolos, ni como elegidos por Dios alguno. Tal divina elección nos luce marcadamente discriminatoria para el resto del mundo trabajador no directamente involucrado en esos territorios “santos”.
Porque más allá de si son los israelitas o palestinos quienes tengan la razón, o mayor razón, en la contienda actual, lo que verdadera y subyacentemente está en juego sigue siendo la explotación de unos hombres por otros. Por ejemplo, ¿acaso dentro del espacio económico de los capitalistas de Israel no hay asalariados?, ¿no los hay dentro de la propiedad económica controlada en la Franja de Gaza?
Esos conflictos bañados de una religiosidad que poco cuenta en los libros y estados financieros contables de la riqueza capitalista involucrada, más que expresión de una lucha por legados divinos tiene que estar respondiendo a rivalidades económicas de alcance extraoriental y mundial con un fuerte olor pagano y terrenal.
Ocurre que las reformas agrarias han surgido siempre en el seno de las sociedades clasistas. Ellas han sido la manera más expedita y menos traumática para llevar algunas dosis de paz a un segmento de la población trabajadora, concretamente a los agricultores. Pero debemos buscar la reforma agraria integral extensiva a los trabajadores citadinos que usan necesariamente la tierra como vivienda o como asiento firme de los galpones fabriles de patronos que, curiosamente y contradictoriamente, los han adquirido por unas vías no precisamente muy santas que digamos.
La propiedad privada sobre parcelas industriales, sobre terrenos mineros y sobre grandes centros comerciales no responde a legados bíblicos, pero pareciera que sí lo hacen. Creemos que la historia de la “Tierra Prometida” busca justificar la propiedad privada comercial y capitalista mundial, y, a tales efectos, sabemos que la acumulación de la riqueza burguesa ha sido santificada como premio que concede Dios a quienes la obtienen no con el sudor de su frente sino con el sudor de la de otros.